Desde el inicio de su
difusión masiva se ha reconocido a Internet como un medio que permite a
sus usuarios traspasar fronteras geográficas, culturales y
jurisdiccionales para el acceso y difusión de la información,
así como para el intercambio comercial.
Aparte de facilitar la
transacción de bienes, hoy Internet confirma su papel como plataforma de
desarrollo humano integral, haciendo posible también el intercambio de
servicios e información y fungiendo como medio para facilitar la
redistribución de la riqueza.
El reto más grande
que enfrentan los gobiernos y los organismos reguladores es crear
políticas que promuevan el progreso económico y el despliegue de
infraestructura, al paso que mantengan un enfoque orientado al mercado del
desarrollo de Internet y los servicios IP, lo cual puede lograrse a
través de la elaboración de una agenda digital nacional.
Conforme a la experiencia y estrategia digital
chilena, una agenda digital se puede definir como el conjunto de
políticas públicas enfocadas a incrementar el uso de Internet de banda
ancha, encaminadas éstas a contribuir en el desarrollo económico
y social de un país a través del potencial que ofrece el uso de
las tecnologías de información y comunicaciones para mejorar la
calidad de la educación, incrementar la transparencia, aumentar la
productividad y competitividad y hacer mejor gobierno mediante mayor participación
y compromiso ciudadano.
Es importante destacar que una agenda digital es un planteamiento integral de
objetivos y acciones que pretenden impulsar el desarrollo de la sociedad de la información
y el conocimiento en una región o país, pero no debe confundirse
con una política de gobierno en línea o de e-gobierno, pues una
agenda digital completa abarca eso y más.
Considerando las experiencias internacionales, los
principales componentes de una agenda digital son, efectivamente, el e-gobierno
de nueva generación, la alfabetización digital/capacidad social digital,
e-educación, e-salud, e-productividad del aparato económico en su
conjunto y la promoción de la competitividad en el mismo sector de las tecnologías
de información y comunicaciones; sus objetivos básicos deben ser:
detonar y acelerar la competitividad y la productividad, promover la igualdad
social y regional, así como mejorar la calidad de vida de los individuos
a través de la utilización efectiva y eficiente de las TIC.
Pero vale insistir en la pregunta de si realmente necesitamos en México
una agenda digital, sobre todo cuando la evidencia reiterada es que el sector
es líder entre todos los de la economía nacional, con crecimientos
en términos de líneas, valor, usuarios, etcétera, aun en
años de profunda recesión como el actual. La respuesta es
"definitivamente sí".
Es cierto que el mercado puede y hace mucho en
términos de penetración y mejora de estos servicios, pero ese
esfuerzo aún es insuficiente; es por ello que resulta -además de
necesario- urgente una cruzada nacional porque todos los mexicanos contemos con
los beneficios de la conectividad y la banda ancha. Un atrevimiento semejante
debe coordinar las medidas y acciones entre los distintos agentes involucrados,
tanto del gobierno como de la sociedad civil, academia, sector privado... en
fin, de todos.
En México no ha existido -hasta ahora- una política
pública de largo plazo enfocada al desarrollo de las TIC y sus efectos
positivos sobre el desarrollo del país. Estos factores han llevado a
situarnos en los últimos lugares en términos de competitividad y
calidad de los servicios TIC.
Aun con la falta de una política pública enfocada al acceso
universal de los mexicanos a servicios de banda ancha el mercado ha logrado,
hasta cierto punto, incrementar el número de accesos en nuestro
país. Recientemente la SCT
anunció el Plan Nacional de Conectividad cuyo objetivo es enlazar los
servicios públicos de salud, educación y gobierno por medio de
una red de banda ancha de alta capacidad; esto, aunado a la oferta comercial,
permitirá reducir los costos para los usuarios, las empresas y el
gobierno, facilitando las comunicaciones e incorporando a las personas a los
medios digitales.
El diseño y la instrumentación de una agenda digital debe aprovechar
la tendencia de adopción de las TIC existente, derivada de las acciones
de mercado de las empresas y los consumidores; asimismo, una agenda digital
debe ser también un catalizador enfocado a detonar la penetración
de servicios y el uso de las nuevas tecnologías en todos los
ámbitos posibles.
