La
noción del nudo gordiano se refiere a uno de alta complejidad
para desenredarlo. Incluso, uno que al tratar de deshacerlo tiende a
enredarse y apretarse más. Entre las historias que se
encuentran al respecto se identifica a Alejandro Magno como aquel
personaje y fuerza que lograra resolver el problema al cortarlo con
su poderosa espada.
Hoy
pareciera que en el sector de las comunicaciones atestiguamos un
fenómeno semejante al del nudo gordiano, al haberse enredado
entre temas comerciales, legales, regulatorios y de política
pública, de tal forma que luce muy distante y, sobre todo
compleja, la posibilidad de su desenredo.
Mucha
gente sigue interpretando todo este cúmulo de problemas en
términos de una guerra de empresas o de empresarios. Sin
embargo es más bien una natural y económicamente
racional reacción hostil de operadores ante una autoridad o
gobierno que por primera vez en varios sexenios ha buscado, y de
hecho logrado en amplia medida, operar con autonomía con
respecto a sus empresas reguladas.
El
claro objetivo de ese Estado autónomo ha sido gestar
competencia efectiva, con base en la nivelación del terreno
competitivo, con una batería de acciones como la
instrumentación del Plan Técnico Fundamental de
Interconexión e Interoperabilidad (PTFII) para la efectiva
interconexión de redes, la eliminación de restricciones
a la Inversión Extranjera Directa (IED) plena en
telecomunicaciones, la consolidación de Áreas de
Servicio Local (ASL) para reducir los precios de la larga distancia y
la declaratoria de dominancia, por mencionar sólo algunas.
Con
todo, tal vez como nunca en la historia moderna de las
telecomunicaciones en México desde la introducción de
la incipiente competencia, el gobierno tiene ante sí la
obligación y la oportunidad de constituirse en el Alejandro
Magno contemporáneo. Para ello deberá desenvainar y
usar su poderosa espada para cortar este nudo gordiano, no como un
ejercicio autoritario y unilateral, sino como uno de conciliación
en los casos que sea posible y de autoridad, que deriven de una vez
por todas en una política pública para fomentar y hasta
garantizar el sano desarrollo del sector de telecomunicaciones.
